EL ARTE DE LA DEMAGOGIA
Pedro de Paz
Dudo que, a estas alturas del partido, exista alguien que no se haya enterado aún, pero, por si acaso, expondré los antecedentes. Recientemente, la revista satírica El jueves lanzó un número en el que, en su portada, se reproducía una caricatura de los Príncipes de Asturias en la que se aludía de forma irónica a la nueva ayuda por maternidad ofrecida por el gobierno y al papel de los Príncipes como supuestos receptores de dicha ayuda. El problema no fue el texto que acompañaba a la caricatura —hasta cierto punto ingenioso— sino la propia caricatura en sí. En ella aparecían dibujados los Príncipes de Asturias en una actitud sexual explícita. El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo encontró indicios para determinar que el hecho podía ser constitutivo de un delito de injurias a la Corona y ordenó la retirada cautelar de la edición completa de ese número.
Y a partir de ahí fue el acabóse. La gente alzando la voz en contra de la medida por considerarla como desorbitada, excesiva y que remitía a oscuros tiempos pretéritos donde se hacía un extensivo y férreo uso de la censura. Que si desde hacía muchos años no se veía un ataque a las libertades de tal magnitud, que si agrupémonos todos, compañeros; Defendamos nuestros legítimos derechos; Venid y vamos todos; A las barricadas; Esto es intolerable, etc, etc, etc.
Ni censura ni tiempos pretéritos ni pollas en vinagre. Tenemos demasiada tendencia a confundir el culo con las témporas. Se defiende con uñas y dientes la libertad de poder expresar lo que se quiera sobre quien se quiera en un medio público de difusión nacional pero se declina asumir la responsabilidad derivada de hacerlo. Al margen del mal gusto inherente en la caricatura —no debida al hecho de que en ella aparezca la imagen de los Príncipes. A cualquiera le parecería en extremo ofensivo y denigrante aparecer caricaturizado en la portada de una revista de difusión nacional enculando a su parienta, para befa y escarnio de amigos y conocidos. Y el que diga lo contrario, miente—, lo que no debemos olvidar es que el acto cometido por la revista El Jueves es, a día de hoy, un delito tipificado por nuestro código penal (artículos 490.3 y, sobre todo, 491.1). Nos guste el concepto o no, nos parezca trasnochado y obsoleto o no, provoque nuestra repulsa o no, se trata de una ley. Dura Lex, Sed Lex. Y entiendo que una ley como esa pueda parecer absurda y despreciable —de hecho, a mí, con ciertos matices, me lo parece—, pero, ante esa tesitura, lo que hay que hacer es tratar de emplear todos los medios necesarios para lograr su derogación. Lo que jamás resulta defendible es el acto y la facultad de infringirla porque, justificando ese tipo de actitudes, mandamos a la mierda una de las principales bases del Estado de Derecho. Porque nadie puede abogarse el derecho de determinar cuales leyes acata y cuales no. Por esa misma razón, a mi podría parecerme injusta o ilegítima la ley que protege la propiedad privada o que ampara la inviolabilidad de un domicilio y esa percepción me concedería el derecho a entrar en tu casa y llevarme tu televisor. Cada uno podría emplear su criterio para acatar o infringir las leyes que estimase más oportunas. Y acabaríamos como el Rosario de la Aurora. No podemos permitirnos ese lujo. Si es necesario y existe el consenso para hacerlo, las leyes se promulgan y se derogan según su utilidad, calidad y validez. Pero, hasta el momento en que eso ocurra y ante la sospecha o certeza de la comisión de un delito, se promueven obvias medidas preventivas para evitar que los efectos del presunto delito se agraven. Como, por ejemplo, la retirada cautelar —que no censura. A pesar de las afirmaciones de algún meapilas, los matices son muy diferentes— de la mencionada edición. Es como si trincamos a un ladrón de bancos —al Solitario, por ejemplo, tan de actualidad últimamente— y, amparándose en su libertad como individuo y aludiendo a garantías procesales, el menda solicita que lo dejemos en libertad hasta que sea condenado mediante un juicio que demuestre o no su culpabilidad. No señor. Usted, de momento y como medida cautelar, queda retenido en función de evidentes indicios delictivos. Y luego, ya veremos. Así que, en el caso de la revista El jueves, censura, ninguna. Libertades violadas, las justas. Y tonterías, unas pocas.
Si nos centramos en el cogollo de la cuestión y desde un punto de vista personal, no considero que se esté vulnerando el derecho de nadie a hacer uso de la libertad de expresión. No seamos simplistas. Se está procesando un hecho constitutivo de un posible delito y dicho acto debe suponer la asunción de las consecuencias que puedan derivarse él. Y todo lo demás —recorte de libertades, censura, dictadura, vuelta a los tiempos negros— son gaitas y cuentos de viejas. Mi derecho a la libertad de expresión podría permitirme llamar hijo de la gran puta al primero que me cruzase por la calle pero, obviamente, no es de recibo escudarme en que ese derecho me ampare. Debo asumir la responsabilidad del acto. Y sus consecuencias. Y si el fulano en cuestión me llevase ante los tribunales o, lo que es más normal, me mentase a los muertos y me inflase la cara a hostias, el recurrir al amparo de mi derecho a la libertad de expresión para defender mi acción me parecería una soplapollez como el sombrero de un picador.
Parque Coimbra, agosto de 2007